La Ley Orgánica de Integridad Pública fue aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio y con fecha 24 de julio de 2024, mediante Decreto Ejecutivo 57, el presidente emitió el reglamento.
Esta norma castiga severamente la contratación pública, con el denominado Plan de Eficiencia Administrativa, que supuestamente viene para modernizar el aparato estatal y optimizar recursos.
Esta iniciativa, a simple vista, podría ser beneficiosa, pero si se analiza de manera objetiva, será regresiva en derechos y lesiva para la población laboral, ya que incluye despidos masivos, evaluaciones de desempeño y fusiones de ministerios, lo que ha desatado un debate nacional sobre sus verdaderas intenciones. La pregunta es: ¿se trata de un camino hacia un Estado más funcional, o simplemente es un ajuste fiscal encubierto que cargará sobre las masas trabajadoras el peso de una crisis mal gestionada?
A decir verdad, las implicaciones son profundas y van más allá de la reducción del gasto. El despido de empleados públicos es gravísimo, más cuando se trata del Ecuador, que es un país donde el Estado es uno de los mayores empleadores formales, lo cual genera un impacto social directo, ya que aumentará el desempleo, provocará mayor informalidad y una suprema presión sobre las familias vulnerables. Más todavía cuando la historia nos dice que los gobiernos despiden empleados para abrir plazas y meter a los suyos, y quizás en mayor proporción, con lo cual, lejos de reducir el gasto, más bien lo inflarán.
Se sostiene que el mecanismo de evaluación de desempeño será ideal para determinar qué trabajador se va y quién se queda. En teoría, podrían ser una herramienta útil para profesionalizar el servicio público, pero para ello se deben aplicar criterios técnicos, transparentes. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en una excusa para remociones arbitrarias. El mérito y la estabilidad laboral no pueden ser sacrificados en nombre de una eficiencia mal entendida y con evaluadores no éticos.
Las fusiones de ministerios sin planificación clara generarán descoordinación, duplicación de funciones y pérdida de capacidades esenciales; afectarán negativamente la salud, educación, cultura, seguridad, entre otros. En este contexto, los empleados públicos enfrentan un panorama incierto: la inestabilidad laboral, el miedo a despidos injustificados y la desvalorización de su trabajo impactan directamente en su motivación y productividad. Es imposible hablar de Estado eficiente cuando sus servidores viven bajo persecución constante.
En lugar de debilitar al Estado, se deben fortalecer sus capacidades con servidores bien capacitados, procesos transparentes y políticas públicas pensadas en el ser humano.
