El comportamiento del joven presidente Daniel Noboa, de quien todos aun esperamos aprenda rápido a ser un estadista no un populista, es observado nacional e internacionalmente porque, al parecer, lo político está descomponiendo su labor como primer magistrado nacional.
Comienza a distorsionar la representatividad que tiene, al desobligarse a defender la independencia institucional de los organismos del Estado, pretendiendo el acomodo de éstas a sus conveniencias presidenciales.
Que el Ejecutivo convoque a manifestaciones callejeras como mecanismo de presión contra el más alto organismo en lo constitucional, como es la Corte Constitucional, porque ésta no le aprueba inmediatamente las leyes que ya cuentan con el visto bueno del Legislativo, puede ser un paso en falso, pues da impulso para que las manifestaciones sí populares, convocadas para rechazar medidas adoptadas por el gobierno, cobren mayor derecho a ser realizadas.
Opinar así no es estar en contra, es contrarrestar posiciones que suelen ser contraproducentes para la vida democrática del país. Generalmente son iniciadas por exabruptos que causan severas dolencias a la salud de la República, porque el respeto a las instituciones y entre funciones es la base del respeto al mismo país y a la integridad nacional.
La Corte Constitucional (CC) es el organismo máximo de interpretación de la Constitución de Ecuador. Concebida para generar seguridad y confianza en la aplicación de las normas supremas dentro del territorio nacional, controlar los excesos, aclarar confusiones o corregir desvíos puestos a su conocimiento, la CC no ha escapado a las críticas e insatisfacciones expresadas por quienes se sienten afectados por sus resoluciones.
De allí que su presencia debe ser garantía de la aplicación de una prístina justicia, contando con la confianza ciudadana que debe ganar y mantener durante el ejercicio de su deber.
Sin embargo, si bien está propensa al cometimiento de errores como sucede en todas las instituciones, es un despropósito pretender que los jueces de tan alto tribunal de carácter netamente “técnico”, puedan ser desentrañados de su real ámbito profesional para moverlos al campo político, donde nada tienen que hacer. Porque a eso apunta el gobierno al intentar cambiar las leyes para que los jueces de la CC sean sometidos a juicio en la Asamblea Nacional, organismo cuya probidad en la materia legal hace rato que es frágil.
Comprensible la defensa del Ejecutivo a sus aspiraciones, pero apelar a la difamación y denostación para lograrlo, es debilidad. Y si se trata de arrasar un organismo defensor de la Constitución, es desviar el rumbo para ir contra la misma Constitución. No hay derecho a olvidar la dignidad.
