La gestión de las empresas públicas debe medirse con indicadores claros que evalúen su eficiencia y el nivel de servicio que ofrecen a la ciudadanía. Esta es la base para una administración transparente y responsable que rinda cuentas sobre sus resultados.
Resulta inconcebible que entidades con servicios monopólicos no sean eficientes. Las empresas de agua potable, telefonía, tránsito y electricidad, por ejemplo, carecen de competencia; pese a esto, muchas de ellas tienen un desempeño deficiente, una situación que afecta directamente al ciudadano.
Lo mismo ocurre con empresas estratégicas como Petroecuador, que ha recibido cuestionamientos por el manejo de los recursos petroleros y los bajos niveles de exportación.
La sostenibilidad financiera tiene que ser una obligación ineludible. No es aceptable que haya empresas públicas que dependan de los presupuestos del gobierno central o de los GAD para subsistir. Tampoco es justo que los usuarios asuman costos adicionales por mantenimiento o por infraestructura que son responsabilidad de la empresa y deben estar incluidos en la tarifa de un servicio de calidad.
Debería expedirse una ley para estandarizar el manejo de estas compañías. La sostenibilidad, la eficiencia y la excelencia no son opcionales; son una norma obligatoria para el servicio público.
