El hacinamiento en los centros penitenciarios del país refleja con claridad el colapso del sistema de rehabilitación social. La existencia de más de 6.600 reclusos por encima de la capacidad instalada, es decir, un 25 % de sobrepoblación, desvirtúa el objetivo de las cárceles y las convierte en espacios de riesgo y reincidencia.

En lugar de contribuir a la reinserción de las personas en la sociedad, las cárceles se han transformado en centros desde los cuales se planifican extorsiones, amenazas y otros delitos, por el fácil acceso a teléfonos móviles y otros objetos prohibidos. La insuficiencia de control y de investigaciones facilita estas operaciones ilegales.

Además, el hacinamiento agrava problemas sanitarios. Enfermedades como la tuberculosis se propagan rápidamente y, sin atención adecuada, ponen en riesgo la vida de los internos. El ambiente de tensión permanente también facilita episodios de violencia y enfrentamientos mortales.

El Estado debe revisar los procesos judiciales, fortalecer los protocolos de seguridad en los centros carcelarios y ampliar la aplicación de medidas alternativas a la prisión, especialmente para delitos menores. Estas acciones no solo ayudarán a descongestionar las cárceles, sino también a recuperar el sentido de un sistema que debe reformar, no degradar.