La decisión del presidente Noboa de convocar a una consulta popular ha generado un nutrido debate político.
Este anuncio tiene lugar en un contexto de creciente tensión gubernamental, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varias leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. A primera vista, la consulta se presenta como un mecanismo democrático; sin embargo, es necesario analizar sus intencionalidades y el contenido de las preguntas.
Desde lo político, esta consulta se ubica dentro de un intento del Ejecutivo por recuperar legitimidad, desplazar la atención y tensionar aún más el sistema institucional. Los planteamientos, como el enjuiciamiento político a los jueces del Tribunal Constitucional, parecen responder más a un cálculo de confrontación que a un deseo de reforma constitucional. El presidente, en lugar de fortalecer la democracia, corre el riesgo de erosionar la independencia de funciones del Estado y abrir conscientemente la puerta a un uso discrecional de la justicia.
La pregunta sobre el empleo por hora, disfrazado para el turismo, se reviste de una retórica de flexibilidad laboral. No obstante, bajo esta fórmula, lo que se persigue es favorecer a las empresas, precarizar más el mercado de trabajo, reducir derechos adquiridos y profundizar la desigualdad. La calidad del empleo no debe reducirse a la cantidad de horas trabajadas, sino centrarse en la dignidad, seguridad y estabilidad de los trabajadores.
La pregunta sobre la cesión de territorio para la instalación de bases militares extranjeras, concretamente de EE. UU., podría representar un ataque a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y una peligrosa renuncia a principios constitucionales y a la autodeterminación y liquidación del régimen constituido. Si bien los argumentos de seguridad y cooperación internacional son válidos, la instalación de bases extranjeras implica consecuencias geopolíticas que deben ser discutidas y no decididas a través de una pregunta llena de ambigüedades.
El financiamiento estatal a los partidos políticos en elecciones también tiene implicaciones serias. Aunque podría sonar atractiva para una población harta de privilegios políticos, podría abrir también la puerta a una mayor influencia del poder económico en la política, debilitando la equidad electoral y privilegiando a quienes tienen más dinero, que muchas veces es mal habido, para financiar sus campañas.
Esta consulta plantea cuestiones de fondo que merecen un debate informado y transparente. Pero la forma y el momento en que se propone levantan legítimas dudas sobre su real motivación: ¿se trata de escuchar al pueblo o de reconfigurar el tablero político a favor del presidente de turno?
