El 16 de junio de 2025, el Gobierno aplicará tarifa de $20 a las importaciones personales que actúen bajo el régimen 4×4, que permite la entrada de paquetes con un peso máximo de 4 kilogramos y un valor de hasta $400.
Esta medida, que fuera diseñada inicialmente para facilitar el envío de bienes personales sin fines comerciales, ha sido objeto de debate debido a su impacto en sectores económicos.
La situación se vuelve conflictiva cuando, en 2024, las importaciones personales por medios digitales y de courier alcanzaron un valor nada despreciable de $500 millones, con un crecimiento superior del 26 % respecto al año 2023. Este incremento ha sido impulsado por el auge del comercio electrónico, lo que facilita el acceso a productos internacionales. Sin embargo, este aumento ha generado preocupaciones sobre el uso comercial indebido del régimen 4×4, afectando a la producción local, según el oficialismo.
Si bien esta medida restrictiva para el comercio internacional de los sectores de clase media y media baja permitirá al Gobierno recaudar ingresos adicionales, no es menos cierto que busca beneficiar a los grandes importadores, a aquellos que, en su mayoría, en el pasado eran industriales y que fueron reducidos a simples comerciantes. Traer productos baratos de fuera y comercializarlos caros al interior se volvió más cómodo y lucrativo para ellos que producirlos en Ecuador.
Ellos buscan captar esos 500 millones de dólares que estaban ingresando a los bolsillos de un sector de la clase media y baja, quienes habían iniciado sus emprendimientos digitales y, claro, a algunos les estaba yendo muy bien. Se busca con esto, entonces, que los grandes importadores, los que no están sujetos al régimen del 4×4, se conviertan en una especie de naves nodrizas que traigan los productos y, en un punto, abastezcan a la demanda interna a precios locales.
La implementación de la tarifa de $20 en el régimen 4×4 representaría un intento por regular las importaciones personales, proteger a la producción nacional y a los grandes importadores. Es recomendable que el Gobierno realice un monitoreo del impacto de esta tarifa y proceda a realizar ajustes a las políticas para equilibrar en algo los intereses de los grupos económicos con los del conjunto de la población.
Si el interés fuera sanear este tipo de comercio, lo que debería hacer el Gobierno es aplicar un esquema que distinga entre un consumidor que hace una compra puntual y quienes usan el régimen para evadir tributos permanentemente.
