El 7 de febrero de 2021 el pueblo del Azuay y Cuenca, en consulta popular constitucional, con más del 80 % de votos, decidió que no se explote la mina Quimsacocha, que está en la parte alta del macizo andino cercano a Cuenca, Girón y decenas de poblaciones. Quimsa, en quichua, significa tres; y cocha, laguna. El artículo 106, inciso tercero, de la Constitución proclama: “El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.” Existen, además, resoluciones judiciales al respecto.
En Quimsacocha o Tres Lagunas (rebautizado como Loma Larga) nacen varios ríos: el Irquis, el Bermejo (afluente del río Yanuncay) y otras vertientes que van al río Tarqui. Según expertos, dos de los cuatro ríos de Cuenca, de donde se obtiene el agua potable, quedarían muy afectados, sobre todo para sus 607.000 habitantes; habría contaminación con arsénico, mercurio, níquel, plomo, cadmio y aluminio, entre otros elementos. Las aguas subterráneas también se envenenarían.
En Quimsacocha también se forman los ríos Titán, Cristal, Zhununcay y la caudalosa quebrada de Alumbre, que a través del río Girón trasladarían aguas contaminadas con arsénico y mercurio al río Jubones, lo que afectaría, siempre según expertos, cultivos de banano y otros productos de varios cantones de El Oro.
Este proyecto aurífero se impulsó en el régimen de Correa aplicando la Ley de Minería, publicada en el suplemento del Registro Oficial 517, del 29 de enero de 2009, en cuyo artículo 31 permite que las concesiones las realice en forma directa el Ejecutivo, y en cuyo artículo 91 establece, en torno a las regalías, que “para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y los minerales secundarios, no menor al 5 % de las ventas”, agregando de seguido una regulación preocupante: “y para el caso del oro, plata y cobre no mayor al 8 %.” Es decir, que en el caso del oro, plata y cobre, las regalías para las multinacionales serán cuando menos del 92 %.
El Gobierno dice que entonces el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay resuelvan las demandas ante organismos internacionales a los que puede acudir la multinacional, olvidando que el artículo 422 de la Constitución prohíbe que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. ¿Alguien lo hizo? ¿Qué Gobierno y cuándo violó la Constitución?
La columna vertebral de la resistencia social ha sido la lucha popular, sobre todo de campesinos e indígenas, víctimas de represión constante y conscientes de que con la contaminación del agua vienen enfermedades graves y muertes de habitantes, animales y sembríos. Con el agua envenenada se desintegran poblados, familias y vecindarios con siglos y generaciones de vida comunitaria y actividad agrícola.
