Cuando se amenaza a un periodista, no solo se afecta a una persona, sino al derecho colectivo a estar informado. En una democracia, la libertad de prensa es un pilar esencial, y cualquier intento de intimidación debe recibir una respuesta firme de la sociedad.
Por ello, es pertinente destacar la acción del titular del Consejo de Comunicación, quien acudió a Chone para respaldar legalmente a un comunicador amenazado. Este tipo de gestos trasciende lo simbólico: reafirma el compromiso del Estado con la defensa de la libertad de expresión y la integridad de quienes ejercen el periodismo.
El rol del periodista no se limita a informar. Su trabajo conecta a la ciudadanía con la realidad, fiscaliza al poder y alimenta el debate público. Por eso, garantizar su seguridad es también garantizar el funcionamiento de la democracia.
Frente a las amenazas, el silencio no puede ser opcional. El Estado debe activar todos los mecanismos legales para proteger a los comunicadores y sancionar a los responsables.
La violencia contra la prensa busca silenciar verdades incómodas. La respuesta debe ser clara: no tiene por qué existir espacio para la impunidad ni para el miedo.
