El Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública (OTCP), a través de su coordinador nacional, Juan Francisco Díaz, propuso la creación de una nueva ley de contratación pública el 11 de julio de 2025 en la Comisión de Régimen Económico en Quito, debido a la ineficacia de las reformas parciales y el exceso regulatorio actual.

Nueva ley 

El coordinador nacional del Observatorio de Transparencia, Juan Francisco Díaz, enfatizó la necesidad de una nueva ley de contratación pública. Su declaración ocurrió durante el debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Díaz afirmó que “es necesario elaborar una nueva ley y no seguir parchando la normativa vigente”. Esta postura surge en un contexto donde otros países de la región han actualizado sus normativas.

Brasil lo hizo en 2021; Costa Rica, El Salvador y Chile en 2023. Paraguay actualizó su ley en 2022 y Perú en 2024. Ecuador, por su parte, solo ha implementado reformas parciales. La más reciente se efectuó en junio de 2025. Sin embargo, persisten 30 de los 43 procedimientos originales.

Desafíos actuales de la Contratación Pública

Díaz identificó los puntos neurálgicos de la contratación pública en Ecuador. Estos incluyen el exceso regulatorio y la multiplicidad de procedimientos. También señaló una débil institucionalidad del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP). El temor frente a los órganos de control es otro factor relevante. El compareciente destacó un enfoque europeo sobre contratación pública. Este enfoque implica no solo la compra de bienes y servicios, sino también el cumplimiento de objetivos de la administración pública.

El coordinador añadió que “los excesos de control paralizan la contratación pública”. Para mitigar esto, propuso una reducción. El plazo para que la Contraloría General del Estado se pronuncie debería pasar de siete a tres años. Este plazo se contaría desde la fecha de ocurrencia de los hechos investigados.

Inquietudes legislativas y propuestas

Los legisladores expresaron diversas inquietudes. Destacaron la pertinencia del informe previo de la Contraloría General del Estado. También se abordó la participación de micro y pequeñas empresas. La inclusión de sectores de la economía popular y solidaria fue otro punto clave.

En otro ámbito, la mesa legislativa analizó un tema distinto. Se refirió a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta resolución, del 8 de julio de 2019, calificó un proyecto de ley. Se trata del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Tributario. El legislador Franco Romero lo presentó ese mismo año.