De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, compuesto por una red de médicos y voluntarios que verifican casos sospechosos de COVID-19, el número de personas con síntomas de la enfermedad llegó a 5.957 el pasado miércoles, última fecha investigada.
Los datos del Observatorio Ciudadano son superiores a los del Ministerio de Salud, que en su más reciente informe, emitido el pasado 16 de junio, informó de 1.823 casos de COVID-19, con 64 muertos.
La diferencia entre los datos oficiales y los del Observatorio son motivo de polémica, ya que la Unidad Médica Nicaragüense, opositora al Gobierno de Daniel Ortega, sostiene que este no brinda información real sobre el impacto de la pandemia.
El Observatorio Ciudadano también informó que en el país se mantiene la “exposición de personas en actividades o aglomeraciones, amenazas y represalias, y respuestas inadecuadas del Ministerio de Salud”.
PERSONAL SANITARIO
Sobre la situación del personal sanitario, el informe señaló que al menos 32 médicos han muerto en el marco de la pandemia, así como 18 miembros del personal de enfermería, 10 administrativos, tres visitadoras médicas, siete técnicos, y dos laboratoristas.
Además indicó que un total de 614 trabajadores del sector salud, desde médicos hasta empleados de hospitales y visitadoras médicas, han padecido síntomas de COVID-19 desde que la pandemia alcanzó Nicaragua, en marzo pasado.
Las bajas por enfermedad y fallecimiento del personal sanitario han hecho que algunos de los grandes hospitales de Nicaragua trabajen con una merma del 10 % al 15 % en sus recursos humanos, según la Unidad Médica Nicaragüense.
Esa situación podría ser causa de los “reportes de respuesta inadecuada en distintas unidades de salud”, según el informe.
“La falta creciente de personal médico y de salud, por enfermedad y las condiciones de agotamiento y estrés en que se encuentran, están debilitando seriamente la capacidad del sistema para responder. El Gobierno debe contratar más personal de salud”, destacó el Observatorio.
El caso de Nicaragua ha despertado preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), porque hasta ahora no ha establecido restricciones y aplica mínimas medidas de prevención social.
También han mostrado su preocupación la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE
