Actualizado hace: 38 minutos
EDITORIAL
Novedades administrativas de la Asamblea Constituyente

En auditoría efectuada por la Contraloría del Estado se ha detectado supuestas irregularidades en el manejo económico de la que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que funcionó en Montecristi y tuvo como presidentes a Alberto Acosta y a Fernando Cordero, éste en los últimos meses.

Miércoles 26 Noviembre 2008 | 20:46

El borrador del informe, que no ha sido ampliamente divulgado, fue leído el lunes pasado, teniendo los afectados cinco días para descargar las presuntas responsabilidades que han sido señaladas en las conclusiones de los auditores. El contenido del documento ha merecido la reserva correspondiente, como deber ser para evitar presunciones antojadizas y comentarios anticipados, pero extraoficialmente se conoce que las observaciones se refieren especialmente en excesos en la inversión sin seguir las normas establecidas para el gasto público. Al parecer, se alquilaron vehículos, se gastó en servicio de fotocopiado, de alimentación, en encuestas de opinión y publicidad en forma directa, sin las comparaciones de costos de estos servicios, como lo exige la norma legal. Igualmente, se habría observado actos dolosos como la falsificación de firmas para cancelar sueldos de asesores que no laboraron, incluso estando algunos fuera del país, dolo en los que estarían involucrados asambleístas partidarios del gobierno. Así mismo, en el borrador se mencionaría la contratación de publicidad y su monitoreo con una empresa al parecer perteneciente a una funcionaria que formaba parte de la Sala de Prensa de la Asamblea, lo que está prohibido expresamente. De acuerdo al Contralor General, Carlos Pólit, los funcionarios implicados deben responder a los señalamientos que se les ha efectuado, con el descargo correspondiente, para emitir la resolución final que las sanciones del caso, de no haberse desvanecido las observaciones iniciales. Se espera que los resultados de esta labor oficial sean ampliamente difundidos porque se trata de recursos del Estado, que son del pueblo ecuatoriano con derecho a conocer cómo se los maneja.
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