"Cuando uno se somete a un arbitraje de tribunal, que haya escogido, uno se somete también a su decisión, es decir que la decisión que adopte la Cámara de Comercio Internacional de París será aceptada por el Ecuador", dijo Salvador. La canciller ecuatoriana dijo también que espera que Brasil revierta su decisión de llamar a consultas a su embajador en Quito, pues considera que la demanda de arbitraje que puso el Gobierno de Quito contra el BNDES es un tema "comercial". Salvador, tras aclarar que no se trata de "un juicio de Estado a Estado" reiteró que la controversia es de una empresa ecuatoriana a una brasileña, indicó y precisó que la demanda de arbitraje consta en el contrato que adquirieron la Siname, empresa mandataria de BNDES y la empresa Hidropastaza de Ecuador. "Se trata de un tema exclusivamente comercial financiero no se trata de un situación entre un Estado en contra de otro, por lo tanto a nosotros si nos ha llamado la atención y nos ha apenado que el tema que es exclusivamente entre dos empresas se ha llevado a nivel diplomático", insistió la canciller. Por su parte, el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, dijo que el Gobierno de Ecuador continuará con el pago de intereses establecidos con el banco estatal de Brasil hasta que la comisión arbitral emita un dictamen sobre la demanda que presentó el Gobierno de Quito. "Nosotros seguimos pagando porque eso es automático, en ningún momento hemos suspendido los pagos a BNDES, eso continua normalmente y eso seguirá hasta que haya un pronunciamiento de la comisión de arbitraje", dijo Borja en una rueda de prensa. Borja explicó que en un máximo de 30 días la Cámara de Comercio Internacional de París debe formar la comisión de arbitraje que debe estar integrada por "un delegado del BNDES, uno de la Cámara y otro por el Gobierno ecuatoriano". Asimismo, dijo que esa comisión deberá "analizar y emitir su dictamen al cual nos acogeremos inmediatamente", señaló Borja y precisó que la presentación de la demanda de arbitraje se dio tras varias auditorías que se realizaron y en las que se determinaron supuestas "irregularidades". Según Borja, una de las irregularidades es la "capitalización de intereses" que a su criterio, "no es legal ni en Brasil ni Ecuador". "No queremos evitar ningún pago, queremos actuar de acuerdo a la ley y al contrato", insistió Borja y agregó que se sometieron al arbitraje por que lo establece el acuerdo firmado entre las dos partes.