Amorim dijo que en el pasado la política externa de Brasil ha sido criticada "por una actitud de 'comprensión' en relación a ciertas situaciones", panorama que puede cambiar ahora. "Nosotros creemos que actuamos correctamente en el pasado, porque eso era bueno para Brasil, bueno para la integración, bueno para las relaciones", dijo el canciller a periodistas en Sao Paulo. "Pero en este caso creemos que la medida adecuada era llamar al embajador para hacer una consulta y hacer una revisión amplia de nuestra cooperación", recalcó. Ecuador ha sido frecuentemente colocado por Lula en la categoría de países "hermanos menores", que necesitan más ayuda y apoyo de la principal economía latinoamericana. Pero ahora Correa cuestiona una deuda inicialmente de 286 millones de dólares contraída por Ecuador con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para financiar la hidroeléctrica de San Francisco, la más importante obra de infraestructura emprendida en ese país en los últimos años. Amorim apuntó que si el Gobierno brasileño considerara justa la medida de Ecuador, no hubiera ordenado retirar al embajador. "Vamos a examinar con la seriedad debida este hecho que de alguna manera no se corresponde a lo que nosotros imaginamos que deban ser las relaciones entre dos países amigos", dijo. La contrariedad de Brasil "no es solo por la naturaleza de las medidas (tomadas por Ecuador), sino por la forma como fueron tomadas", agregó después de leer un comunicado oficial de la Cancillería. La hidroeléctrica de San Francisco, situada entre las provincias de Tungurahua y Pastaza, fue construida por un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht e inaugurada en junio de 2007, con capacidad nominal para abastecer el 12% de la demanda de electricidad de Ecuador. Sin embargo, la represa presentó fallas estructurales hasta dejar de funcionar en junio pasado y marcó el inicio de un conflicto comercial y diplomático entre los dos países, después de que Quito expulsó a la constructora del país. "El Gobierno brasileño recibió con mucha preocupación la noticia de la decisión del Gobierno ecuatoriano de iniciar un juicio arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con miras a suspender el pago de la deuda", según el comunicado de la Cancillería. Portavoces de Odebrecht, consultados por Efe, dijeron que no se pronunciarán sobre el caso porque la demanda ecuatoriana no les afecta, pues es contra el BNDES, que es del Gobierno brasileño. La represa fue presentada como un resultado concreto de la morosa integración suramericana, pero esta vez las cosas no han salido bien y las relaciones se han ido complicando justamente por el lado de los negocios. El Gobierno de Lula ha sido duramente criticado por la oposición política y por la prensa, que le reprochan una supuesta posición débil que no se corresponde con el papel de Brasil como potencia regional. Ecuador ha argumentado que la construcción de la represa se hizo a través de un contrato "llave en mano" firmado entre dos empresas privadas "al margen de las leyes nacionales" y "de pronto" el Estado asumió toda la responsabilidad. "El monto inicial fue de 286,8 millones de dólares y terminó siendo valorado en 358,5 millones de dólares, gracias a 10 adiciones que fueron suscritas sin ningún sustento legal", según la Presidencia de ese país. "Pero si se paga el crédito de financiación, el monto llegará a 597,8 millones de dólares", agrega. En octubre el secretario Nacional Anticorrupción, Alfredo Vera, denunció que la hidroeléctrica y otras obras que tenía Odebrecht en el país "presentan irregularidades en varios ámbitos" y ordenó la expulsión de la compañía del territorio ecuatoriano.