La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) junto a sus filiales Ecuarunari, Conaice y Confeniae entregaron el documento para que sea aprobado por la Comisión Legislativa. Dicho proyecto fue entregado en la localidad del Páramo del Cajas ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura. Para los indígenas el que en la nueva Constitución, aprobada el pasado 28 de septiembre en referendo, se reconozca "el agua como un derecho humano fundamental", los llevó a realizar "una propuesta de Ley en la que se refleja el carácter imprescriptible y universal de este derecho". "Este proyecto plantea el derecho al libre acceso al agua para consumo humano y para las actividades agrícolas. Vamos a defender el agua”, dijo Marcia Romero de la comunidad Tupigachi. “Es rica, el agüita fría” dijo María Ramírez de la comunidad Pucará mientras disfrutaba de un vaso del líquido vital. La propuesta que fue presentada por la Conaie ha seguido un proceso de participación comunitaria y organizativa. En la propuesta "se reflejan contenidos importantes del derecho internacional, de los derechos humanos de los pueblos, los derechos ambientales, los de la naturaleza y de los derechos de las generaciones futuras", agrega el documento. La movilización también fue para pedir a la Comisión Legislativa que suspenda el debate de la Ley de Minería. Comparecencia del ministro de minas y petróleo ante la comisión legislativa En entredicho, entre la presidenta de la subcomisión de lo Económico y Desarrollo, Irina Cabezas, y la abogada de los mineros artesanales, María del Rosario Aguilar, concluyó ayer la comparecencia del ministro de Minas y Petróleo Derlis Palacios y el viceministro, José Serrano quienes defendieron a capa y espada el proyecto de Minería del Ejecutivo. Ambos expusieron en el Salón del Congreso durante casi dos horas, en una reunión en la que participó el presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, Fernando Cordero, sobre las bondades de la nueva Ley Minera que regulará la actividad, ahora, según dicen, con mayor participación del Estado. El viceministro Serrano, aseguró, que el nuevo modelo contempla la prevención de los daños ambientales, cuya responsabilidad de control será del Ministerio de Ambiente. En ese ensceario el Ministro Palacios condenó las voces de rechazos a esta iniciativa en materia de explotación minera que se reduce a "protección del agua, regalías y respeto al ser humano", dijo. En tanto, desde el sector contrario se alegó inconsistencia y violación constitucional del proyecto. El asambleísta, Sergio Chacón (PSP) aseguró que la iniciativa desnaturaliza la Carta Magna. Refirió que en apenas dos capítulos analizados se detectó dos violaciones constitucionales.