Actualizado hace: 934 días 19 horas 50 minutos
Gama TV incautada por el Estado apelará medida

El presidente del canal de televisión Gama, incautado por la estatal Agencia de Garantía de Depósitos de Ecuador (AGD), dijo hoy que apelará esa medida porque el medio es de su propiedad y no de los ex banqueros Isaías, investigados por la justicia. Álvaro Dassum, presidente de Gama, explicó en una rueda de prensa que entregó a la AGD varios documentos en los que se detalla que esa empresa de comunicación es de su propiedad.

Martes 18 Noviembre 2008 | 20:16

Sin embargo, "aparentemente la agencia emitió la resolución sin mirar los documentos" enviados, agregó Dassum. La entidad estatal emitió ayer una resolución en la que "dispone que la compañía Gama, así como activos y más bienes de esa televisión, pasen a ser recursos de la AGD" al considerar que "son de real propiedad del grupo Isaías". Dassum indicó que, pese a que no ha sido notificado oficialmente, "apelará" la resolución de la AGD ante el directorio de esa institución y precisó que, si no existe una respuesta favorable para su empresa, presentará otra acción en el Tribunal Contencioso Administrativo de Ecuador. Hace cuatro meses la AGD se incautó de cerca de 300 empresas de los hermanos Willian y Roberto Isaías, ex propietarios del banco Filanbanco, cerrado hace una década junto a otras decenas de entidades que fueron saneadas por el Estado ante la peor crisis financiera del país. El pasado 7 de octubre unas 264 empresas de los Isaías, entre ellas varios medios de comunicación como TC-Televisión, la estación radial Super K 800 y Tv Cable, entre otras, pasaron al Estado ecuatoriano después de que la AGD determinara que son de real propiedad de los ex banqueros. A esas empresas, que entrarán a un proceso de evaluación para su posterior subasta, se suma ahora el canal de televisión Gama. Con las incautaciones la AGD busca recuperar el dinero destinado a sanear una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató entre 1998 y 1999, y que le costó al Estado más de 8.000 millones de dólares.
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