Las manifestaciones fueron convocadas por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y otras organizaciones indígenas y ecologistas en todo el país, quienes no han dado cifras de participación. Entre los detenidos se encuentra el ex asambleísta Jorge Sarango, representante de los movimientos indígenas, quien confirmó que la policía lo tiene retenido, junto con sus cuatro compañeros, y que no saben cuándo van a ser liberados. "Llegué para tratar de dialogar con la policía que en ese momento estaba reprimiendo a los compañeros con gases lacrimógenos y en vez de dialogar más bien me echaron gas lacrimógeno y me detuvieron", denunció Sarango. La Policía no ha confirmado estos hechos. El proyecto, que tiene hasta el 3 de enero para ser aprobado, determina nuevas reglas para el sector minero y un mayor control estatal con exigencias de inversión y protección ambiental. Los colectivos sociales rechazan la futura ley por considerar que vulnera los derechos de las comunidades y poblaciones. Reversión El gobierno revirtió en abril casi la totalidad de las 4.605 licencias mineras entregadas a las empresas privadas desde el 2000, hasta elaborar una nueva ley. PRÓXIMA MANIFESTACIÓN Jorge Guamán, coordinador nacional de Pachakutik dijo que la marcha es el preámbulo de nuevas jornadas que se cumplirán mañana, en la zona de El Cajas. Congresillo tramita Ley Minera Con la disposición del presidente de la Comisión de Legislación (Congresillo), Fernando Cordero para que se difunda en la página web el contenido del proyecto de la Ley Orgánica de Minería remitido por el Ejecutivo el viernes anterior, comenzó el trámite de este cuerpo jurídico que deberá tramitarse, hasta el 3 de enero próximo. Según antecedentes del proyecto enviado a la Comisión, la necesidad de elaborar una nueva ley minera surge en vista de que la legislación actual no corresponde a los principios de carácter innegociable del nuevo modelo de Estado, pues el ordenamiento jurídico anterior permitió que se desarrolle una actividad minera que no respondía a intereses nacionales, sino más bien en desmedro de ellos. El proyecto minero constituye el primero de los nueve que deberá aprobar el Congresillo, en sus siete u ocho meses de gestión, según cronograma trazado por sus propias autoridades.