Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas. Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar. El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas "que cumplían una función de recaudo no autorizada".