Explicó que los informes de 2.874 auditorias, entre los años 2007 y 2008, en sus 22 meses de gestión, fueron realizados a diferentes niveles de administraciones públicas y privadas que manejaron recursos y bienes del Estado. Estos informes corresponden a administraciones pasadas que ya no se encuentran en funciones. Entre las instituciones auditadas en dichos períodos están efectivamente las funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial Electoral, gobiernos seccionales, Alcaldías, Consejos Provinciales, entre otras, indicó Pólit. Dijo que el posible perjuicio obedece a las consecuencias jurídicas de los períodos analizados, dentro de los plazos de prescripción y caducidad. Pólit se pronunció en este sentido para aclarar una versión periodística que atribuye el perjuicio al actual régimen. En este sentido, aclaró, que "los montos del perjuicio y la cantidad de auditorias son reales, pero estas corresponden a períodos de administraciones que inclusive ya ni siquiera se encuentran en funciones". Precisó que sólo en lo que va del 2008, Contraloría ha presentado a la Fiscalía 118 denuncias con indicios de responsabilidad penal de diferentes instituciones, sobre los cuales aún no hay resultado.