El presidente de esta Comisión, Fernando Cordero, como excusa a su resistencia a nominar esta comisión ha expresado que la fiscalización se hará, pero cuando la situación lo amerite; porque se ha acostumbrado a utilizar la fiscalización para escándalos por cuestiones banales y entrabar las acciones de gobierno. Con estas argumentaciones se mantiene reducida a su mínima expresión la obligación del órgano fiscalizador, puesto que desde hace más de un año el país no cuenta con una fiscalización activada, que siga paso a paso, las acciones administrativas-políticas, irregularidad democrática auspiciada ahora por la llamada Comisión de Legislación que debe descartar de su nombre lo de Fiscalización hasta que corrija sus procedimientos. No existe una verdadera, real y eficiente fiscalización política, pues se impone el mandato total del Ejecutivo, hecho riesgoso para la vida democrática del país por su similitud a un estado de facto. Las fuerzas políticas que apoyan al gobierno están procediendo con idénticas prácticas del pasado, de aquellas usadas por la partidocracia que tanto critican, contrariando las promesas efectuadas al pueblo que, creyendo en ellas, le ha brindado su apoyo. Y una de las promesas principales fue la de transparencia en los procedimientos y constante control, sobre todo porque Ecuador, considerado como uno de los países más corruptos del mundo, no puede darse el lujo de estar sin una comisión de fiscalización permanente.