Los extranjeros que se acojan al plan tendrán preferencia luego para incorporarse al contingente de trabajadores no comunitarios, una vez cumplido su compromiso de no volver a España durante tres años. Esta normativa afecta a los siguientes países con los que España tiene convenios de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, EEUU, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Para beneficiarse del programa es necesario ser demandante de un puesto de trabajo en el Servicio Público de Empleo y tener reconocido el derecho a la prestación, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial. También tendrá que asumir el compromiso de retornar a su país de origen y no volver a España en el plazo de tres años para residir o realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena. El abono de la prestación se efectuará en dos plazos: un 40 por ciento en España y el 60 por ciento restante en el país de origen transcurrido el plazo de treinta días a partir de la realización del primer pago. Para recibir ese segundo abono el trabajador deberá comparecer personalmente en la representación diplomática o consular española en su país de origen. El Ministerio de Trabajo e Inmigración de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron a finales de octubre un convenio por el que se duplica el presupuesto destinado al programa de Retorno Voluntario Asistido de Inmigrantes desde España. Para lo que queda de año el presupuesto será de 870.000 euros (más de un millón de dólares). Según informó la OIM, como consecuencia del incremento de solicitudes el presupuesto adjudicado durante este año para acceder a dicho programa se había agotado el pasado mes de julio y por ello el Ministerio ha decidido hacer esta nueva aportación presupuestaria. La aportación permitirá que en torno a 700 personas en situación de vulnerabilidad social retornen a su país de origen. EFE