La declaratoria de emergencia de la policía en el ámbito nacional, ante la escalada del crimen y el delito en todas sus manifestaciones, debe ser la tónica que aspire a poner un alto a la inseguridad social que vive el país, en particular sus ciudades, entre ellas Manta y Portoviejo, otrora urbe pacífica, poética y hospitalaria, donde la tranquilidad y la buena vecindad eran los factores que la singularizaban de sus similares. Hoy, esos valores sólo son recuerdos impregnados en sus anales históricos y de nostálgica evocación por adultos mayores que vivieron esas épocas. El presente es la antítesis de esa villa bucólica y romántica que cantó la pléyade de intelectuales que nació, creció o que fueron acogidos en su seno telúrico. Hoy, la dura realidad muestra un escenario tétrico por el ambiente de inseguridad que se respira en sus calles, parques, instituciones, incluyendo domicilios cuyo ornamento exterior son barrotes que simulan cárceles casa adentro que constituyen su “búnker” en sus horas de descanso. Una ciudad donde campea la delincuencia porque cuenta como aliados la impunidad a través de ciertos jueces penales, de limitados agentes del orden, de escasa logística, de negativos modelos encarnados en funcionarios y políticos inescrupulosos, pero sobre todo con la medrosía ciudadana que prefiere vivir con miedo y no sumarse monolíticamente a sus vecinos para enfrentar al delito representado en unos pocos, jamás podrá avanzar en el sendero del desarrollo. En lo que atañe a la acción policial, está deberá ser permanente “per sécula, seculorum”, por sorpresa y sin dilaciones. Los candidatos a alcaldes en su diseño de plan de trabajo deben proponer, en su primera prioridad, dar un marco de seguridad y tranquilidad ciudadana al habitante y empresario honrado, para ser tomados en cuenta en las urnas.