Dicho cuerpo legal, en su artículo 128, establece sanciones con prisión de 3 a 5 años, y multa de 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador, y el resarcimiento económico de las pérdidas, al “contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de previsión del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un accidente de tránsito en que resulten muerta o con lesiones graves una o más personas”. Esto se aplica a los funcionarios públicos en caso de que las obras se ejecuten por administración directa. En Manabí muchas obras se ejecutan sin advertir del riesgo. Desde construcciones de casas en que se cierran portales y aceras hasta trabajos viales en los que no se ubica señalización. Las calles se rompen y así pueden permanecer años sin que ninguna autoridad obligue a reparar el daño. La falta de señales suele causar accidentes de tránsito, en ocasiones fatales, en especial en vías en que la circulación es rápida. Desde luego, todo accidente de tránsito demanda un proceso de investigación. Dentro de un proceso legal no se puede atribuir a determinadas circunstancias el origen de un percance, con mucha más razón cuando hay víctimas de por medio. En todo caso, es responsabilidad, también, de las instituciones contratantes obligar a las compañías a que adviertan del peligro existente cuando hay trabajos en las vías. Y los municipios, son, sobre todo, los llamados a exigir que esto se haga y, además, que se den las reparaciones necesarias dentro de plazos prudenciales. Las responsabilidades y circunstancias están señaladas por la ley. Lo que se debe hacer es aplicar la normativa para evitar problemas.