El comité de expertos se reunirá a partir de 2009 de dos a tres veces al año en Ginebra para supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los países que han ratificado la citada convención. "Una de las tareas fundamentales que va a tener en este primer tiempo el comité va a ser el discernir los aspectos de mayor complejidad en la comprensión multicultural de este instrumento, para así poder aclarar cualquier duda sobre su interpretación", dijo a Efe tras su elección la española Ana Peláez. La invidente, que es directora de relaciones internacionales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), señaló su disposición a poner al servicio del comité su experiencia en el campo de la discapacidad en apartados como el género, la infancia y la cooperación internacional. Peláez se consideró "la punta de lanza" de un movimiento que ha trabajado en España "para hacer realidad el eslogan de 'nada para nosotros, sin nosotros'". "Me respalda toda la experiencia y el trabajo del movimiento de la discapacidad en España y también la experiencia que tenemos de organizaciones, como la ONCE o el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)", apuntó. Además de Peláez, al comité se sumarán la chilena María Soledad Cisternas, directora del programa de discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y el ecuatoriano Javier Torres, asesor del parlamento de su país en materia de discapacidad. "Me resulta una responsabilidad bastante grande. Somos dos los representantes de Latinoamérica y tenemos que conseguir que más países ratifiquen la convención, ésa es una parte vital de nuestro campo de acción", comentó Torres a Efe. Indicó que los cambios efectuados en este campo por el actual Gobierno ecuatoriano pueden servir como experiencia en la labor de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con una discapacidad, muchas de ellas en países en desarrollo con escasez de recursos para destinar a este segmento de la población. La Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas es un instrumento vinculante para los gobiernos, quienes deben introducir cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso de esos ciudadanos a la educación y al empleo. Del mismo modo, deben hacer lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y para que accedan a sistemas de salud adecuados, a la información y a poder movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales. Italia fue el primer país que lanzó la idea de una convención para los derechos de los discapacitados hace dos décadas y luego se sumó a ella el ex presidente de México Vicente Fox, quien reactivó la iniciativa en la ONU en 2001. Hasta la fecha un total de 41 países han ratificado el tratado y otros 25 su protocolo adicional, según la ONU. EFE