Una resolución suprema firmada por el presidente Alan García y los ministros de Defensa y del Interior precisó que el accionar de las fuerzas armadas estará dirigido a "contribuir y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales". El documento publicado en la gaceta de normas legales agregó que esta decisión permitirá que la Policía Nacional se concentre "en el control del orden público y la interacción con la población". La región de Tacna retomó ayer paulatinamente la calma tras dos días de protestas contra la modificación que hizo el Congreso de la Ley del Canon, que reducirá el dinero proveniente de las rentas que aporta la minera Southern Perú, de capitales mexicanos y que opera en esta jurisdicción y en la vecina Moquegua. Unos 700 policías fueron enviados a Tacna para reforzar el control del orden público, tras los incidentes que dejaron heridos a una veintena de policías y destruyeron dependencias oficiales y del oficialista Partido Aprista Peruano. El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, declaró a Radio Programas del Perú (RPP) que las fuerzas armadas no estarán en las calles de Tacna, sino sustituyendo "temporalmente a la Policía en estos sitios especiales, como los aeropuertos" e instalaciones eléctricas. Además, la resolución suprema precisó que durante la intervención de las fuerzas armadas, hasta el 7 de noviembre, no existirá restricción, suspensión ni afectación de los derechos contemplados en la Constitución Política del Perú, ni los tratados internacionales sobre derechos humanos. El presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, insistirá en su pedido para la derogatoria de esa ley en una nueva reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.