Para muchos bachilleres, el costo de la educación superior fue el único obstáculo para acceder a su formación profesional; eliminado el problema, es de prever que la población universitaria se multiplicará y, por lo tanto, la demanda de maestros, aulas, equipos y materiales, crecerá notablemente. Es cierto que el Gobierno entregará a las universidades una compensación por los valores que dejan de percibir, pero la cuestión no es solamente de dinero, porque las construcciones demandan tiempo, lo mismo que la importación de equipos de laboratorio. La conclusión es que las instalaciones de las universidades estatales que ya eran insuficientes para los alumnos que concurrían a ellas, ahora lo serán de manera multiplicada por el crecimiento de la población estudiantil. Es indispensable buscar soluciones prácticas y una de ellas podría ser una reducción de la carga horaria presencial para crear tiempo para nuevos grupos en las instalaciones y con los profesores; el tiempo que se reduciría la presencia del estudiante en las aulas, se dedicaría a investigación en las bibliotecas, pruebas de laboratorio, actividades prácticas, estudios en grupo, etc. Algunas universidades han adoptado el sistema de estudios a distancia que sin que el estudiante acuda a clases sino un día a la semana, gradúan profesionales con similares características que quienes desarrollan sus estudios presenciales; algo parecido debe ponerse en vigencia en todas las opciones, para ampliar la posibilidad de recepción de las instalaciones universitarias. Es que con la gratuidad se abren posibilidades que serán aprovechadas por la mayor parte de la población joven del país, que pedirá ejercer su derecho en las mismas condiciones que todos los alumnos. La preocupación ya existe en las autoridades universitarias, pero se ha expresado únicamente como una nueva demanda de recursos económicos al gobierno para la construcción de aulas y su equipamiento, así como para crear nuevas plazas de profesores. Antes de pensar en esas ampliaciones que, definitivamente, son necesarias, bien se podría optimizar la utilización de las existentes, con decisiones que si bien no son todo lo ortodoxas que se podría esperar, son prácticas y permiten soluciones emergentes necesarias por las condiciones especiales en que entra en vigencia la disposición constitucional sobre la gratuidad.