Correa fue respaldado unánimemente en su reclamo contra Colombia por el bombardeo del 1 de marzo contra las FARC en suelo ecuatoriano, pero las denuncias que posteriormente se desprendieron relacionándolo con ese grupo -considerado terrorista entre otros por Estados Unidos- rompieron la unidad. La oposición, casi inexistente para muchos analistas, rompió filas al exigir una investigación para determinar si la guerrilla aportó 100.000 dólares a la campaña de Correa, como reseña uno de los archivos electrónicos certificados por Interpol y que, según ese organismo y Bogotá, pertenecen a las FARC. Esta "semana presentaremos una denuncia en la fiscalía general para que se investigue el caso", señaló el asambleísta Fausto Lupera, del Partido Sociedad Patriótica cuyo líder, el ex presidente Lucio Gutiérrez, recuperó los derechos políticos tras cumplir una sanción electoral de dos años. Sin amilanarse, Correa ofreció el sábado su renuncia si es que la OEA comprueba los señalamientos de Colombia, y prolongó el suspenso alrededor del restablecimiento de relaciones políticas con el gobierno de Alvaro Uribe. Mientras se bate en el frente externo, con numerosos viajes y estridentes réplicas, los indígenas lo desafían puertas adentro. La principal organización indígena, Conaie, se declaró en oposición al ejecutivo y prepara un levantamiento para forzar al gobierno a concederle a las comunidades el derecho a decidir sobre la explotación de petróleo y minerales en sus territorios. Incluso este domingo pidió el apoyo de otros sectores. "La Conaie ahorita puede levantarse para defender la soberanía alimentaria, la especulación, pero también necesitamos que otros sectores lo hagan. Levantémonos todos", afirmó Marlon Santi, su máximo líder. Así, la oposición parece rearmarse con fuerza antes del referendo constitucional de agosto, cuando los ecuatorianos se pronunciarán sobre la nueva Carta Política que todavía redacta la Asamblea Constituyente de mayoría oficialista. Una de las enmiendas prevé incorporar la reelección presidencial. Correa ya ha anticipado que se presentará a un nuevo mandato de cuatro años si logra sacar adelante la nueva Constitución, que ampliará el poder del Estado en la economía. Pero mientras llega la prueba de fuego el presidente ecuatoriano no baja ni la guardia ni el tono. Al tiempo que ofreció su renuncia a la OEA, advirtió que antes de ceder a la exigencia de los indígenas está dispuesto a irse del poder. "Estoy dispuesto a irme a la casa, no es soberbia, cuidado, sabemos que corremos riesgos en estos enfrentamientos, pero son inevitables, no vamos a ceder", afirmó. Pese a sus descalabros electorales, la Conaie sigue siendo vista como un poder con capacidad de desestabilización en un país con 13,8 millones de habitantes, de los cuales un 30% son indígenas, según censos extraoficiales.