Esta estrofa del sarcasmo ya está grabada y se la sabe de memoria el angustiado padre o madre de familia. También conocen que en ningún nivel educativo respetan esas cursilerías inoficiosas, y que bajo cualquier pretexto la formación del individuo aquí en Ecuador es como cualquier actividad mercantilista. No vengan con el cuento de bruja de que no existen denuncias escritas de los cobros indebidos para, en base a ellas, tomar las respectivas acciones, o que denuncien en la Dirección Provincial de Educación, si es conocido que quien osa dar ese paso se convierte en víctima de represalia irremediablemente, pues sus integrantes por lo general son profesores fiscales y, por lo mismo, jueces y partes que salpican al otrora prestigioso Magisterio. ¿Quién prohíbe los abusos en los planteles particulares, donde las imposiciones son inapelables e incluso obligan que se les compren uniformes y útiles didácticos a costos de explotación, además de las consecutivas y coercitivas colaboraciones económicas para solventar eventualidades sociales? Los maestros dignos, que venturosamente si los hay todavía, idóneos y de honor, no pueden prestarse al inconsistente juego burócrata. Su invalorable aportación al conocimiento tiene que ser en la condición circunstancial vigente, para que así quede al desnudo la realidad magisteríl y sea la conciencia ciudadana la que juzgue, por ejemplo, la falta de respaldo financiero oportuno y suficiente del oficialismo, por cuyo motivo no pueden satisfacer sus necesidades tal como reparación de las edificaciones destruidas por la crudeza invernal, por todo lo cual se le obliga al usuario asumir un gasto que no le corresponde, en una herejía de la administración pública, fraguada como trampa sutil propia de la demagogia. En cuanto a la desconcertante escalada de los precios de los productos elaborados y de consumo prioritario, nadie encara transparente y frontalmente al singularizado timo colectivo, y con idéntica careta de los de educación se burlan de los más necesitados de la sociedad ecuatoriana. Está a la vista el singular pasionismo de los organismos de control estatal. Las industrias, las empresas, los laboratorios, etc., etc., coronados y mimados por los que no miran más allá de sus intereses, hacen lo que les impulsa su regalada gana, pero a quienes no gozan de ese privilegio como los pequeños comerciantes les incautan inflexiblemente sus mercaderías, sin ser ellos la raíz del problema. En Manabí hay un intendente de policía diligente para combatir presuntas infracciones menores, y es acucioso para la supervisión del funcionamiento de prostíbulos y salones, según se reporta. No se conoce si en esta provincia hay gobernador. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es la efigie de la utopía. No hay asociación de consumidores ni junta de la defensa civil que reaccione. Este engranaje inoperante, avalado por el mando medio gubernamental, en conjunto forman el tenebroso horizonte que incita la risotada de histérica indignación porque derrochan nuestro dinero sin percepción equitativa, centrando los subsidios a los beneficiarios del bono solidario; y los demás pobres, sin trabajo y sin ayuda alguna, al carajo. "No se conoce si hay gobernador"