Es por esa razón, que éste dispuso a Susana Silva, delegada adjunta de la defensoría del pueblo para el Litoral y Galápagos, que abra un expediente en contra de la empresa eléctrica y poder ayudar a las más de 300 familias perjudicadas. En el peritaje realizado la semana anterior por personal contratado por la Defensoría del Pueblo, se encontró que hay personas a las que se ponen tarifas bajas pese a tener varios electrodomésticos, mientras que a otras les aplican elevados valores aunque consumen menos energía. Los afectados en diversas ocasiones han señalado a Emelmanabí de los problemas que tienen, pero nunca han sido tomados los correctivos para no perjudicarlos, dijo Silva. Para ayer estaba prevista una audiencia a la que se había notificado al director ejecutivo de Emelmanabí, Washington Castillo, al alcalde de Paján Natahel Morán y a los afectados; pero ninguna de las partes acudió, por lo que Silva dispuso que la próxima semana tendrá lugar una nueva audiencia, esta vez en La Cadena.