La nota de prensa que alude al retorno – o a la reaparición – de una profesora fiscal a una escuela rural después de una ausencia de tres años, por su propia circunstancia es motivo de impacto, dado que golpea a un noble sector social, porque se suma a los comentarios desfavorables de la administración educativa en la que, hasta el presente, se deslegitima el ingreso al magisterio por currículo y méritos, sólo por influencias y dinero. Ojalá el actual procedimiento para el ingreso de los docentes sea legal, justo y transparente. Igualmente, el esfuerzo y riesgo que hacen los buenos policías por capturar ladrones y criminales, muchas veces entregando sus vidas por el cumplimiento de su deber; y la frustración que ellos y la ciudadanía sienten cuando ven con estupor cómo los antisociales ingresan y salen de la cárcel con facilidad asombrosa, por tecnicismos legales que cuentan con la complicidad de determinados jueces, obligan a una intensa investigación para transparentar procesos y actitudes en el ejercicio de la labor judicial. El proceder deshonesto de ciertos funcionarios de las altas cúpulas al igual que los de las escalas provincial y cantonal de la administración, no debe tomárselo como mal general, pero sí demanda supervisión y auditoría oficiales responsables. Evidentemente, el control formal y legal es el responsable directo de evitar esos hechos, pero la sociedad debe estar siempre vigilante para que las instituciones públicas sean transparentes y no den cabida a los deshonestos.