Quien denuncia es el asambleísta Trajano Andrade, que en ocasiones anteriores ha realizado otras acusaciones, entre ellas un supuesto mal manejo administrativo en Emelmanabí. Lo que ocupa por ahora es la supuesta concesión del recurso de hábeas corpus contra personas que han estado señaladas de haber cometido delitos como crímenes, robos y secuestros. Si es como Andrade ha indicado, se debería realizar una indagación para conocer el verdadero motivo por el que se han emitido estos fallos en una ciudad cuyos habitantes demandan seguridad y controles frecuentes. Investigar si la policía o los fiscales no cumplen los procedimientos previos y posteriores a la aprehensión. Las leyes no permiten, por ejemplo, la detención de un ciudadano sin una orden emitida por un juez, a menos que se lo haya encontrado en delito flagrante. Tampoco puede mantenerse detenida a una persona por más de 24 horas sin que haya una acusación o fórmula de juicio. La Constitución consagra al hábeas corpus como una garantía. El alcalde, o quien haga sus veces, debe disponer la libertad si no se presenta al detenido, si no se exhibe la orden de arresto, si este documento no está bien emitido o si no se cumplieron las formalidades durante la detención, entre otros motivos. La investigación debe extenderse a todas las instancias involucradas en el proceso, desde la detención hasta la emisión de la orden de libertad. Una denuncia tan grave, que compromete a una autoridad cantonal, no puede dejar cabos sueltos.