Ellos lo acusan de obligarlos a entregar aportes obligatorios o diezmos para el partido de Gobierno, Alianza País. “Lo que nosotros hemos demostrado es que no ha sido voluntario (el aporte)” sostiene el presidente de la Asociación de Empleados, Santiago Bravo. Durante una hora, los vocales del máximo organismo electoral, debatieron el caso. Se basaron en el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos, que señala: “aquel funcionario que se aproveche de sus funciones para exigir cobros o afiliaciones, a favor de una organización política, tiene que ser destituido”. La noticia la confirmó el titular del TSE Jorge Acosta. “Se ha procedido a destituir al superintendente, imponiéndole además el máxima de la multa prevista” en el artículo 55.