Además de armas y explosivos, los militare ecuatorianos destruyeron en esos campamentos equipos y materiales destinados al procesamiento de drogas. La presencia de estos campamentos y del material bélico "demuestra, una vez más, la insuficiente vigilancia del Gobierno de la República de Colombia en su frontera sur, territorio en el cual la insurgencia colombiana y los grupos dedicados al tráfico ilícito de estupefacientes circulan libremente", agrega la nota. Para el Gobierno de Quito, "la falta de control del Estado colombiano sobre su propio territorio permite el ingreso subrepticio de subversivos y narcotraficantes, afecta gravemente la seguridad del Estado ecuatoriano". Además, obliga a las Fuerzas Armadas y de Policía de Ecuador a tomar medidas "para impedir la presencia de insurgentes y traficantes de drogas provenientes de Colombia en territorio del Ecuador". Por este motivo, y basándose en los acuerdos de la Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA del pasado 18 de marzo, Ecuador ha solicitado a la organización panamericana que realice "todas las gestiones necesarias para requerir del Gobierno de la República de Colombia una mayor presencia en su frontera sur". También solicita "un mayor control sobre los grupos subversivos y sobre las organizaciones criminales que operan en su territorio fronterizo con el Ecuador, a fin de que no crucen la frontera binacional, asienten bases y efectúen actividades ilícitas en territorio ecuatoriano". Ecuador rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe el pasado 3 de marzo, dos días después de que el Ejército colombiano atacara un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) instalado clandestinamente en territorio ecuatoriano, donde murieron al menos 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de la guerrilla, alias "Raúl Reyes". El 18 de marzo, los cancilleres de la OEA rechazaron el ataque de Colombia a territorio de Ecuador y encargaron a su secretario General, José Miguel Insulza, que realizara gestiones para resolver la crisis diplomática entre los dos países andinos