Correa, en su habitual programa radial sabatino, emitido desde la localidad de Zaruma, al suroeste del país, dijo que "la posición del Gobierno es (dar un) sí a esa minería responsable", y respaldó un "mandato minero" aprobado recientemente por la Asamblea Constituyente. El mandato revertió al Estado miles de concesiones supuestamente "mal hechas" en el pasado y suspendió por seis meses las actividades mineras hasta que entre en vigor una nueva ley del sector que prepara el Ejecutivo. Esa nueva norma, señaló Correa, garantizará una explotación "técnica y racional" de los recursos mineros, con claras y duras regulaciones para que la actividad sea responsable con el medio ambiente y el entorno social donde se desarrolle. Según Correa, hasta ahora, la actividad minera no era beneficiosa para el país, y señaló que, por ejemplo, las concesiones eran valoradas en 1,6 dólares por hectárea, lo que supone que en diez años las empresas debían pagar apenas 16 dólares, "sin importar si encontraban oro o uranio". Además, precisó que las concesiones fueron utilizadas para explotar a pequeños mineros y tampoco ofrecían garantías ni seguridades ambientales. Según Correa, con las nuevas normas se podrá hacer "minería ambiental y socialmente responsable", minimizando los riesgos ecológicos, con beneficio para el Estado y las poblaciones donde se ubiquen los proyectos. El mandatario criticó duramente a ciertos grupos ecologistas que se oponen a todo tipo de actividad minera y dijo que algunos activistas parecen "locos furiosos, locos de atar". Además, advirtió con sanciones a los grupos ambientalistas que efectúen movilizaciones y cierren carreteras y apostilló que en su Gobierno, "con el diálogo todo, por la fuerza absolutamente nada" conseguirán los opositores a la minería. EFE