La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) planteó ayer a la Asamblea Constituyente que reconozca los derechos que otorga la Ley a las "parejas estables, sin que importe su sexo u opción sexual", aunque ratificó a la práctica homosexual como "incompatible con la vida de fe". En unas observaciones al proyecto de ley que sirve de referencia para la redacción de una nueva Carta Magna remitidas por los obispos a la Asamblea Constituyente, se destaca que el matrimonio debe ser privativo de parejas formadas por hombre y mujer y la familia como "célula fundamental de la sociedad". Realidad social El presidente de la CEE, Antonio Arregui, explicó que la postura de la Iglesia respecto a las parejas estables responde a una "realidad social" y es de orden "básicamente patrimonial". El pronunciamiento de Arregui se produce en momentos en que la Asamblea analiza el pedido de grupos de homosexuales de incluir en la Constitución que se respeten sus derechos legales como, por ejemplo, la posibilidad de heredar bienes de sus parejas. Arregui consideró que debe haber "una regulación, que permita que sus relaciones (de las parejas del mismo sexo) estén regidas por principios de equidad y justicia". PREOCUPACIÓN POR INSEGURIDAD CIUDADANA Es su primera intervención como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Antonio Arregui, también se refirió a la inseguridad ciudadana. Arregui calificó como “grave problema” al creciente ambiente delincuencial que se presenta en el país. El máximo personero de la Iglesia Católica, señaló que “en este panorama confluye, lastimosamente, la decisión de ciertas personas que piensan que ante la difícil situación económica no tienen posibilidad de una vida honrada y escogen una ruta equivocada”. Dijo que al tema abona un insuficiente aparato policial, necesario para prevenir y proteger a los ciudadanos. Arregui, manifestó, que la lucha contra este fenómeno requiere de la participación coordinada y sostenida de todos, para “garantizarnos ese primer derecho que tenemos todos: vivir tranquilos”. “Nuestras ciudades están siendo receptores de un masivo éxodo de personas, y es una injusticia social que una persona trabaje por su sustento, y venga alguien y se lo quite”. En este sentido demandó acciones gubernamentales que apunten a incrementar la seguridad. En tanto, señaló que el desempeño permanente de la Iglesia, en este caso, es generar un movimiento hacia la buena de opción y que se tome en cuenta los mandamientos de “no robar y no matar”.