Líderes sociales presentaron a la Fiscalía una demanda por sedición y otros delitos contra los vocales de la Corte Electoral cruceña por organizar una consulta que consideran ilegal. Uno de los demandantes, el presidente del Comité Cívico de la localidad rural cruceña de San Julián, Félix Martínez, dijo a una radio local que la demanda es por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir y resoluciones contrarias a la ley, entre otros. El objetivo de esta acción judicial es frenar la consulta autonómica del próximo 4 de mayo en Santa Cruz, que es desconocida por el Gobierno, el Congreso y la Corte Nacional Electoral. El fiscal general, Mario Uribe, declaró que la denuncia fue recibida para someterla a una investigación, pero que el Ministerio Público no tiene competencia para dictar medidas cautelares contra los vocales cruceños para que suspendan el referendo. "No existe en la normativa del procedimiento penal el hecho de que nosotros tengamos que dictar alguna decisión de tipo cautelar sobre el caso" dijo Uribe. De su parte, el director general del Ministerio de la Presidencia, Óscar Cámara, anunció que se ha presentado ante la Corte de Santa Cruz un recurso de amparo constitucional contra el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Ruben Costas.