Uribe Escobar fue detenido finalmente anoche después de que el Gobierno de Costa Rica le denegase por "improcedente" el asilo que solicitó este martes en la representación diplomática de ese país en Bogotá, y se encuentra ahora en la sede de la Fiscalía General. La intimidación fue anónima, mediante una llamada telefónica recibida por la esposa de Uribe Escobar este martes, dijo el jefe del Estado en una entrevista con la cadena Caracol Radio, de Bogotá. El presidente dijo que a la esposa de Uribe Escobar la amenazaron con que si el ex senador no se entregaba, les iban a destruir un predio rural que la familia tiene en el municipio de Andes (noroeste del país). La comunicación se registró cuando Uribe Escobar se hallaba en la sede de la Embajada de Costa Rica en Bogotá. "También me preocupa que las propias personas que supuestamente lideran los derechos de las víctimas (...), sean las que inciten a la agresión del vehículo en el que se transportaba Mario Uribe de la Embajada de Costa Rica a la Fiscalía General", dijo el presidente. Uribe Escobar fue retirado de manera precipitada de la representación diplomática, cuyos alrededores habían sido ocupados desde primera hora por decenas de defensores de derechos humanos y víctimas de los paramilitares, que se desplazaron al lugar para manifestarse en contra del asilo solicitado por el ex congresista. "En esto hay que tener mucho cuidado, mucha imparcialidad, mucha ecuanimidad", afirmó el jefe del Estado, que ha estado acompañado de su primo en toda su trayectoria política. Uribe manifestó que siente un "dolor personal" por lo sucedido a Mario Uribe, pero subrayó que tiene que "asumirlo con patriotismo". La causa contra Uribe Escobar se remonta a finales del pasado septiembre, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo llamó a indagatoria dentro del llamado escándalo de la "parapolítica", como se conocen los nexos de políticos con la ahora disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe Escobar era entonces senador en ejercicio, cargo al que renunció para que su caso quedara en manos de la Fiscalía General, en vez de pasar a la Corte Suprema, como ocurre en el caso de legisladores con problemas judiciales. La CSJ ha vinculado con el mismo escándalo a un total de 64 legisladores, en su mayoría de formaciones afines al presidente Uribe y la mitad de los cuales están detenidos. EFE