Son aciertos y hechos que se suceden de manera muy aislada pero que cuando se dan, los resultados son inmediatos y caiga quien caiga. El caso puntual del Procurador General del Estado, a quien previo al pedido de renuncia, ya había publicitado que los mandos medios de este organismo deben ser auditados por su comportamiento sospechoso en la emisión de dictámenes, muchos de los cuales resultan entre si por demás contradictorios por causas fáciles de advertir; o, las deliberadas demoras en tramitarlos para dar paso a su aprobación de manera tácita. El mandatario denunció de manera pública los recurrentes cambios de criterios en los informes de ese organismo en materia petrolera y pidió a la Secretaría anticorrupción investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios de mandos medios que perennizados en esa institución, hacen y deshacen a su antojo y obstaculizan la transparencia de los trámites, siempre motivados a sus caprichos, desnaturalizando sus fines que le obligan a velar por los intereses del sector público. Con esta actitud digna de resaltar de un mandatario que hace público actos de corrupción en un alto organismo del Estado, es propicio para que se sanee por completo esa entidad, depurándola en gran parte de una burocracia inepta e insensible que en nada justifica su accionar; y, con un control eficiente, con funcionarios probos, combata la mala utilización de los fondos públicos, que es a la fecha, uno de los grandes males que afecta al país en todos los órdenes. Estos son los hechos que en realidad mantienen vigente a Correa y que aunque sea por comportamientos aislados, reactive las esperanzas de un pueblo que mira absorto como las finanzas públicas son depredadas a vista y paciencia de todos sin que a nadie le importe ni se investigue el porque las obras públicas se incumplen o se realizan con materiales de mala calidad, generando una destrucción inmediata. La salida de Garaycoa debe ser el inicio de una lucha contra la ineficiencia de una burocracia dorada que centralizada en gran medida en la capital de la República, obstaculiza todo y obliga a peregrinar hacia ellos, para un simple trámite, convirtiendo a funcionarios de provincias, en meros tramitadores. El mismo hecho de instalar en la provincia una oficina de la Secretaría Anticorrupción es un hecho positivo y que los ciudadanos debemos aprovechar para lograr un mejor trato. A la que debemos acudir, sin temores.