También se dice, en las mismas fuentes, que el poder constituido no puede estar por encima del poder constituyente. En realidad se trata de frases altisonantes que no tienen sustento jurídico, porque la doctrina jurídica determina que en el sector público sólo se puede hacer aquello que la ley determina, a diferencia del sector privado que puede hacer aquello que la ley no prohíbe. Como en ninguna parte de la legislación nacional hay una norma que diga que no puede coexistir la Asamblea Nacional Constituyente con el Congreso Nacional, ni que determinado poder puede estar sobre otro, simplemente el planteamiento de la disolución del Congreso no tiene sustento jurídico. Hay que entender que los poderes son independientes; que tienen funciones diferentes y que ninguno de ellos está sobre otro; más aún, no puede intervenir en otro; actuar al margen de estos principios significa hacerlo al margen de la Constitución y la Ley, es decir, protagonizar una acción de hecho. Es posible que cuanto se ha dicho haya sido simplemente un trabajo sicológico dirigido a los diputados y a las autoridades de control, en busca de renuncias que dejen el campo abierto a la desaparición de la función Legislativa; pero es vano el intento porque el diputado que renuncia es reemplazado por su suplente, pese a que esas renuncias violan la disposición de la Ley de Elecciones que convierte a las funciones de elección popular en “de desempeño obligatorio”. En conclusión, dentro del marco jurídico actual, nos guste o no la integración del Congreso Nacional, no tiene sustento jurídico la propuesta de su disolución. "El planteamiento de la disolución del Congreso no tiene sustento jurídico"