Se trata de recomponer el mapa ideológico del Ecuador, porque otro asunto de vital importancia para la gobernabilidad y la democracia, es la legitimidad y el encauzamiento de los conflictos sociales hacia relaciones justas. Y eso significa desprendernos de una cierta vocación prosaica cuya obsolescencia es evidente, cuando el poder ha diseñado siempre su propia nomenclatura para referirse a los principales acontecimientos que ha vivido el país. Sin embargo, no se trata de reeditar tampoco la vieja concepción del “todo o nada”, sintetizada en un posible movimiento insurreccional absolutizado y en un mandato épico o mesiánico. Los asambleístas y los movimientos sociales más importantes, por ejemplo, deben tener respuestas claras o visibles sobre la caracterización del país y resolver satisfactoriamente el arduo problema de los “dualismos nacionales”: sectores productivos sofisticados, de uso intensivo de capital, que coexisten con economías primitivas o naturales; indicios de crecimiento similares a los muchos países desarrollados, con una distribución de ingresos que condena a grandes sectores a la pauperización; expectativas de consumo hiperdesarrolladas de distintos sectores de la población económicamente activa, con un mercado interno atrofiado por el crónico desempleo y por problemas de integración nacional, etc. El verdadero tema de discusión y debate debería referirse, entonces, a la capacidad real de la Asamblea para cumplir las tareas que la sociedad determina y demanda; y, enseguida, establecer la calidad y aplicabilidad de esa demanda.