Quienes creemos con vehemencia que la autonomía y descentralización del Estado son una alternativa válida para el desarrollo sostenido de las comunidades periféricas del país, es decir aquellas que siempre han estado alejadas y no bien tratadas por el sistema de organización y gobierno centralizado que dirige la República desde su creación en 1830, y que con muy ligeros matices ha llegado a adoptar medidas limitadas de descentralización, pues las llamadas entidades autónomas regionales que existen, siempre han mantenido una hegemonía que ha representado a los gobiernos de turno; miramos con preocupación que al obtenerse ciertos resultados en la lucha por la misma, se observa determinados abusos que pueden servir de argumentos a los centralistas para no viabilizar el resto del camino autonómico.