Con estas medidas, que deben ser aprobadas por los Veintisiete en el Consejo, Bruselas quiere fomentar la inmigración legal y de calidad en todos los países de la Unión, así como impulsar la economía europea, necesitada de mano de obra joven y especializada. La “tarjeta azul” tiene el objetivo de atraer a los inmigrantes de alta cualificación de terceros países al permitirles residir y trabajar en la UE durante dos años, prorrogables por otros dos, tras los cuales tendrían un permiso de larga duración. Para beneficiarse de este permiso, que pretende responder a la alta demanda que existe en sectores como el aeronáutico, los inmigrantes deberán contar con un contrato de trabajo de antemano y con un sueldo de por lo menos tres veces el salario mínimo del país de destino. El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, quiso disipar las acusaciones de que esta medida pueda restar posibilidades laborales a los trabajadores comunitarios, al afirmar que “no se abre la puerta a veinte millones de inmigrantes sino a 70.000” Barroso, que explicó las propuestas en una conferencia de prensa, señaló que “la tarjeta azul no es un cheque en blanco” y precisó que la cifra de inmigrantes que lleguen a cada país con este permiso “no lo decidirá Bruselas, sino que lo cuantificarán las propias empresas europeas en función de su demanda”.