A De la Rúa, quien niega todos los cargos en su contra, se le imputan también más de un centenar y medio de lesiones ocurridas en la Plaza de Mayo -frente a la casa de gobierno- un día antes de su dimisión, el 21 de diciembre. La decisión de procesar al ex mandatario fue tomada por el juez Claudio Bonadío, quien asimismo decidió embargar los bienes del ex jefe de Estado por un valor de más de 6 millones de dólares. De la Rúa gobernó Argentina entre 1999 y 2001, cuando abandonó la presidencia tras una serie de disturbios y saqueos ocurridos entre el 19 y el 20 de diciembre en medio de una profunda crisis política, económica y social. Se estima que unas 30 personas perdieron la vida en todo el país cuando el ex presidente declaró el estado de sitio y se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. “El procesamiento de De la Rúa es una gran noticia teniendo en cuenta que estábamos luchando por eso desde hace cinco años”, dijo el abogado querellante Rodolfo Yanzón. Por su parte, el defensor del ex mandatario, Miguel Almría, consideró este martes que el procesamiento de De la Rúa “es una escandalosa aberración jurídica” porque “su situación quedó definida tres años atrás, cuando se dictó la falta de mérito para juzgarlo”. Almería opinó que el fallo de Bonadío tuvo una “intencionalidad política”. Según especialistas en derecho, la decisión del juez no implica una orden de detención contra el ex jefe de Estado, quien tiene previsto apelar la medida de la justicia argentina. “Complot” Según el ex presidente, que se encuentra actualmente en Buenos Aires, esta supuesta conspiración fue orquestada por líderes del peronismo, por entonces en la oposición, y dirigentes de su propio partido, la Unión Cívica Radical (UCR), algo que ambos sectores han negado.