Pronto tendremos una nueva edición de la Carta Política o Constitución, cuyo texto proclamará normas y principios constitucionales, pilar esencial de un estado democrático y de derecho; adaptada, como es lógico, a las necesidades actuales del país, y como condición inexcusable para que una sociedad que quiera llamarse civilizada y humanista quede definitivamente incorporada como piedra angular, reglas claras para ser aplicadas desde el momento que el pueblo la apruebe en el Referéndum.
Quienes tomen parte de ella tienen la oportunidad y responsabilidad cívica de debatir con altura y con conocimiento jurídico el aporte de sus experiencias, con los principios del Derecho Universal y el sustento de la lógica jurídica, sin presión e imposición de nadie para así transformar el marco jurídico del estado ecuatoriano.
Tesis, propuestas y proyectos políticos serán la tónica referencial de los mismos, sin que se pretenda favorecer a un privilegiado grupo social en detrimento de otros, ni que tengan las intenciones de interrumpir su misión para la cual fueron elegidos; respetando las labores del Estado como son: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no romper las normas constitucionales vigentes.
Que en uno de sus artículos quede definitivamente incluida la garantía de los Derechos Humanos –derecho a la vida desde su gestación, la libertad, salud, educación y al trabajo-, siendo una regla indefectible que no pueden dejar de ser, ni tener las intenciones de elevar a una determinada clase sobre otras clases sociales marginadas económicamente; dictando como resolución la providencia que garantice el camino correcto por donde tenemos que transitar constitucionalmente en el presente y en el futuro los ecuatorianos.
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