En realidad, la solución es muy complicada: la improvisación de los funcionarios encargados de la rehabilitación de los detenidos; la complicidad vergonzante de los mal llamados “guías penitenciarios” y la permisividad existente; en suma, la corruptela a todo nivel.

Para solucionar esta grave situación que tiene varias aristas y motivaciones: el hacinamiento desmedido en los grandes centros carcelarios, la concentración de los procesados que, como en el caso de Guayaquil, provienen de diferentes provincias y cantones. No hay que crear nuevas leyes como es la costumbre, tan sólo hace falta que se aplique la ley vigente. Nuestro país todo está legislado, somos ricos en leyes, pero pobres en su aplicación.  Por ejemplo, el Código Integral Penal (COIP) determina que los reos deben permanecer en cárceles cercanas al juez que los procesa; y que ellos deben cumplir sus sentencias en lugares cercanos a sus familiares y que la prelibertad se aplique en debida forma y no sea algo discrecional.  El COIP también determina que en cada provincia exista un centro de rehabilitación social, sin embargo, Galápagos no tiene un centro carcelario, los detenidos deben permanecer encerrados en unos bodegones de la Policía, hasta que el juzgador determine su sobreseimiento o su traslado a las cárceles de Guayaquil, lo que constituye el peor castigo para el preso y a sus sufridas familias. Hemos sido testigos de que en San Cristóbal, jóvenes que cometieron algún delito menor los jueces disponen el traslado inmediato a la penitenciaria del litoral sin un abogado que lo defienda. He visto llorar a padres de familia pidiendo piedad, para que a su hijo de 18 o 20 años no lo trasladen a Guayaquil. He aquí una violación flagrante de la ley.

En cada provincia, en cada cantón debería existir un centro carcelario –no me gusta llamarles “de rehabilitación social”, porque de aquello no tienen nada-.

Los encargados de administrar las cárceles deben ser personas preparadas: psicólogos, sociólogos, abogados penalistas y por, sobre todo, profesionales con formación humanista y mística para comprender aquellos seres humanos que cometieron un ilícito. Hablando de humanismo, me viene a la memoria la lucha del Dr. Jorge Crespo Toral apóstol y defensor de los presos. Recomiendo la lectura de su libro póstumo “Libertad” donde trata con maestría y hondo conocimiento esta problemática, predicaba: “odio al delito, compasión al delincuente”.