Si bien las víctimas son personas que purgan condenas por diversos motivos, se supone que se hallan bajo un régimen que busca rehabilitarlos para garantizar su reinserción en la sociedad. Eso es lo ideal, pues en la práctica resulta lo contrario.

Las cárceles se han convertido en escuelas del delito y los hechos indican que el Estado perdió el control sobre ellas, a pesar de la expedición de dos estados de excepción y una serie de reformas aplicadas desde el sistema de justicia.

La capacidad del sector público de atender a estos centros se ve superada por la sobrepoblación y la falta de instrumentos formativos y de inclusión psicosocial que conduzcan a una efectiva rehabilitación.

La inseguridad ha llegado a niveles extremos, aunque no es la primera vez que se dan ejecuciones con altas dosis de crueldad. El Estado, bajo cuya tutela están las personas detenidas, debe tomar decisiones férreas, inteligentes y efectivas antes de que sea muy tarde y el descontrol sobrepase cualquier posibilidad de respuesta.