Las pocas dosis que llegaron al país fueron distribuidas en algunas provincias, lo cual está bien, pero los funcionarios no han dicho cuántas se enviaron a Manabí, por ejemplo, ni a qué instituciones.

Las denuncias de que personas que no estaban en la lista inicial fueron vacunadas por influencia deben avanzar. No es suficiente con que hayan destituido a quienes, según las autoridades, “ingresaron por la ventana”, sino que se debe precisar quién lo autorizó.

También se debe investigar la supuesta entrega de vacunas a establecimientos donde están familiares de funcionarios.

Tiene que haber transparencia, definitivamente. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el avance de este proceso que se financia con el dinero que asigna el Estado y que, a la cuenta final, será pagado por todos. Así lo manda la ley pero, más que eso, el tantas veces promovido compromiso con la ética y la lucha contra la corrupción.