Nuestro país es el primer exportador del mundo de madera de balsa, la que es aprovechada para el sector de la energía eólica y la industria aeronáutica, siendo los principales compradores China y Estados Unidos. El negocio, que mueve millones de dólares cada año, tuvo un crecimiento considerable en plena pandemia y al momento Ecuador capta alrededor del 90% del mercado mundial.
La balsa ecuatoriana, Ochroma pyramidale, es la mejor, más liviana que el corcho, súper blanda y de gran flotabilidad, su árbol alcanza gran tamaño, más o menos treinta metros en corto tiempo y se localiza en los bosques tropicales del país.
Sin embargo, el hecho de que la actividad tenga legalidad no significa que sea buena; tal como ocurre con la minería, la sobreexplotación no es sostenible y por lo general se acompaña de actividades ilícitas; en este caso de madereros ilegales que están diezmando los preciados bosques nativos y las formas de vida que los habitan.
Semanas atrás la presidenta del Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, Nema Grefa, denunció que por la carretera Puyo-Ambato miles de árboles de balsa que provienen de Pastaza se transportan de manera ilegal, por cada uno se paga entre dos y ocho dólares, lo que es un ingreso importante para los comuneros cuya economía ha decaído debido a la pandemia y la falta de trabajo.
Pero no solo se causa un daño ambiental, también uno social al destruir los preceptos sobre los cuales se fundamentan las sociedades indígenas; la estrategia voraz del pensamiento extractivista es fraccionar a las comunidades con dinero, favores temporales, obras etéreas y hasta licor, causando rompimientos familiares y comunidades desmembradas: por un lado quienes guardan la selva, que cada vez son menos y por otro quienes han optado por venderse a intermediarios abusivos, sucumbiendo a una nueva concepción material que corrompe los principios de adhesión.
La tala ilegal de madera crece en el país, la frontera agrícola y ganadera aumenta a pasos agigantados destruyendo los bosques secos de Manabí, Loja y El Oro y los páramos de Azuay, donde se origina el agua, están en peligro de desaparecer debido a la minería a gran escala; estos son algunos de los problemas ambientales que atraviesa el país y sobre los cuales el nuevo gobierno debe generar políticas diferenciadas de control, mitigación ambiental y mano dura para quien ose burlar los santuarios naturales.
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