El periodista fue demandado y sentenciado a diez días de prisión, una multa de 100 dólares y la presentación de disculpas públicas, por críticas en una publicación.

La actitud va en perfecta concordancia con el respeto a la libertad de expresión, campo en el que uno de los puntos más altos del actual Gobierno han sido las reformas a la Ley de Comunicación, con la eliminación de la Supercom. Esto fue un avance importante para mejorar el marco legal de la libertad de expresión en el país.

Lo ocurrido es una clara señal de la posición del mandatario y un ejemplo de cuál debe ser la postura de un presidente de la República en cuanto a la tolerancia que debe tener un servidor público cuando recibe críticas. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es innecesaria y desproporcionada, y puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.

La tolerancia es base para construir el foro público, uno de los pilares de la democracia.