El cambio debió figurar desde el año pasado, cuando el pleno de la Asamblea Nacional se pronunció en ese sentido, pero por error o mala intención no se lo incluyó al enviar al Ejecutivo las reformas aprobadas.

La comunicación es un derecho básico porque es intrínseca a la condición humana. Además, así figura en varios tratados internacionales que Ecuador ha suscrito y, por tanto, tienen peso legal en el país.

Es más, hace dos años la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que la comunicación no es un servicio público y derogó las enmiendas a la Carta Magna impulsadas por el anterior gobierno, en el 2015.

La figura del servicio público fue un invento de los perseguidores de la prensa independiente que pretendieron con ello estatizar la comunicación, y esto se plasmó luego en las enmiendas constitucionales y la Ley Orgánica de la Comunicación, que se convirtió en un instrumento para coartar la libertad de expresión y de amenaza a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.

El siguiente paso debería ser la reforma de otras normas, como el Código de la Democracia y el COIP, que también contienen artículos que vulneran el derecho a la libre expresión.