Con el confinamiento y las medidas estrictas que se impusieron luego de la declaración de emergencia por la pandemia del coronavirus, aumentan las estafas y extorsiones por internet, así como la apropiación de fondos ajenos.

El Código Orgánico Integral Penal tipifica trece infracciones por vía telemática, y la que tiene la sanción más alta es la oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos, que castiga con prisión de entre siete y diez años. La mayoría de los casos comprendidos en la ley tienen una sanción de uno a tres años de cárcel.

Esto, y la falta adecuada de medios y conocimientos sobre el tema vuelven complejas las investigaciones y podrían facilitar la impunidad.

Además, Ecuador no ha suscrito el Convenio de Budapest, que compromete a los Estados a luchar contra el cibercrimen y fomenta, por ejemplo, el cruce de datos informáticos.

Es hora de que el Estado, desde sus instancias, promueva cambios en la legislación y en la aplicación de las normas frente a los delitos informáticos, que se vuelven cada vez más frecuentes.